DE acuerdo con las informaciones que han aportado distintos corresponsales de la Agencia EFE en varias autonomías españolas se ha podido hacer público el penoso e infame pago que recibían y reciben estos por su trabajo.
LA lista de los precios que paga la agencia del señor Grijelmo ya son de conocimiento público y han causado escándalo en todo el sector; sin embargo, esto no es lo único grave que han “destapado” las denuncias de los periodistas corresponsales de la cuarta agencia mundial.
AUNQUE en estos casos la dignidad y el respeto por las personas no suele ser dirimido en los tribunales y la decencia de las personas sólo puede ser juzgada por ellas mismas; nada impide que comente como se llevó a muchos de estos trabajadores a “renunciar” a un estatus adquirido en años de trabajo para la agencia.
LOS administradores de la empresa les aseguraron que para mejorar su situación y disfrutar de mejores condiciones laborales la empresa necesitaba que se dieran de alta como trabajadores autónomos.
ES decir, les mintieron para hacerlos caer en engaño. No creo que lo hayan hecho de buen gusto, seguramente muchos lo hicieron por temor a disgustar a quien les diera la orden de engaño y amor a preservar su cargo.
CADA cual convive con sus miedos como puede y allá ellos con su pobre conciencia; pero nada me impide que los valore en toda su mezquindad. Una mezquindad que se incrementa en la misma medida de la responsabilidad de sus cargos en la empresa y que embadurna a la cúpula con un tufo nauseabundo.
LO que no deja de sorprender es que a esta falta de honestidad y a la inducción al engaño de quién lo autorizó, se sume la torpeza o simulada ignorancia sobre las normas laborales vigentes.
PORQUE estas malas artes se practican para intentar liberar a la empresa de sus obligaciones laborales; lo que en ningún caso conseguirán si los trabajadores se deciden a denunciarlos ante las autoridades competentes.
ABUNDAN hasta la saciedad los fallos de los magistrados de trabajo que demuestran que estos trabajadores no son autónomos y que por más que se les obligue a darse de alta como tales, esto no anula su real condición de trabajadores en relación de dependencia.
SIMPLEMENTE, porque estos periodistas realizan su labor cumpliendo órdenes expresas de las empresas. Esto, los directivos de EFE y de otras empresas periodísticas que practican el mismo juego lo saben muy bien; pero también saben que mientras los trabajadores no los denuncien podrán seguir medrando y estafando a la Seguridad Social.
PERO confían en que, dada la actual situación de precariedad del sector, no serán denunciados sino en muy pocos casos. Un cúmulo de infamia…
SI esto huele muy mal en la cúpula de EFE y otras direcciones de medios; peor huele por el lado de la responsabilidad de la autoridad laboral. Esta sabe, desde hace años, que estas vulneraciones a los derechos de los trabajadores son el pan de cada día de los periodistas a la pieza.
LAS organizaciones sindicales les han aportado datos estadísticos de la situación e, incluso, estudios comparativos de las fórmulas que se vienen aplicando en distintos países europeos para evitarlos. También les han informado de la tremenda estafa que esto representa para las arcas de la Seguridad Social; pero, nada… Prefieren mirar para otro lado. Lo cual tampoco extraña puesto que el actual presidente del Gobierno ya no recuerda las promesas formuladas, cuando estaba en la oposición, de terminar con este escándalo.
LOS diputados del PSOE se han ocupado de tirar tierra, durante más de tres años, encima de los proyectos de regulación de la profesión; en este caso, con la colaboración del PP. Unos y otros sin el coraje necesario para enfrentarse a los dueños de los medios; aunque en privado admitan la tremenda dimensión de la injusticia.
EN cambio, sí resulta sorprendente que algunas organizaciones profesionales desconozcan o se muestren pocos sensibles a la situación de estos periodistas. Digo esto porque está circulando una séptima versión del proyecto de estatuto de la profesión inspirado en el entorno de las asociaciones de la prensa que en uno de sus articulados pretende fijar: “Es periodista por cuenta propia aquél cuyo trabajo consiste en obtener y elaborar información, ya sea por propia iniciativa, ofreciendo el producto resultante a una o varias empresas informativas para su difusión, o bien en virtud de encargo.” (sic)
ES cierto que este texto peca de ambigüedad, porque no aclara qué entiende por encargo; pero es muy importante cuidarse de las ambigüedades cuando estas pueden ser utilizadas para justificar la explotación. Sobre todo, es bueno que a la hora de hacer propuestas para mejorar el estado de la profesión se cuente con la información necesaria para formularlas con alguna seriedad. Información, por otra parte, que aflora por sí misma del último estudio de la profesión elaborado por la propia FAPE.
EN estos momentos en que muchos periodistas están pagando el precio de una crisis que no han provocado, los colegas que trabajan a la pieza y que algunos se empeñan en seguir llamando “colaboradores” son los que peor lo tienen. Producto de esa estafa continuada a sus derechos hoy se encuentran con que no disponen siquiera de seguro por desempleo. Por otro lado, son muchas las empresas que están ofreciendo a sus periodistas en plantilla que acepten un despido a la baja con la promesa de continuar trabajando a la pieza; es decir, librarse de ellos y que sigan trabajando para la empresa desde la absoluta precariedad.
LOS representantes de la patronal de prensa diaria ya han llamado a las arcas del Estado para pedir el “rescate” de sus empresas; un plan “renove” que ya avalan algunas organizaciones profesionales y sindicales. Creo que no conviene precipitarse en pedir dineros públicos para quienes ya lo han recibido en los últimos años con generosidad y que no lo han empleado en dar solidez a sus empresas ni en mejorar la calidad de sus productos.
SI el Estado debe acudir al rescate de estos empresarios, no lo discuto, debe observar bien a quién se lo da y poner mucho cuidado en vigilar en qué se emplearán esos dineros. Por su parte, las organizaciones sindicales y profesionales deben exigir en su catálogo de requerimientos que esas empresas deban invertirlo en garantizar el empleo y en la regularización de los periodistas a la pieza.
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